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Monterrey, N.L., 24 Feb.- La Diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, present贸 una Iniciativa de Reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado para que los despachos de abogados, consultores y profesionistas externos que participen en decisiones p煤blicas tambi茅n tengan responsabilidad administrativa cuando incurran en irregularidades.
La tambi茅n Presidenta de la Comisi贸n de Anticorrupci贸n explic贸 que actualmente la ley establece responsabilidades para las personas servidoras p煤blicas, pero deja vac铆os legales cuando se trata de particulares que, sin tener un nombramiento formal, intervienen en la elaboraci贸n de dict谩menes, estudios t茅cnicos, asesor铆as o recomendaciones que influyen en decisiones oficiales.
鈥淕arantizar el derecho humano a la buena administraci贸n p煤blica implica asegurar que las decisiones del Estado sean imparciales, objetivas, transparentes y motivadas. Si la voluntad estatal puede ser influida por particulares, la exigencia de responsabilidad tambi茅n debe alcanzarles鈥, manifest贸.
鈥淟a propuesta legislativa plantea incorporar a la ley la figura del 鈥楶articular vinculado a la funci贸n p煤blica鈥, a fin de establecer mecanismos claros de responsabilidad para aquellas personas f铆sicas o morales que, sin ostentar formalmente un cargo p煤blico, intervienen de manera sustantiva en la preparaci贸n, dise帽o, asesor铆a, dictamen, ejecuci贸n o evaluaci贸n de decisiones administrativas鈥, agreg贸.
La iniciativa de reforma que fue presentada ante el Pleno durante la sesi贸n ordinaria contempla modificar los art铆culos 3, 21,72 Bis y 81, todos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Le贸n.
Serrato Flores expuso casos pr谩cticos y reales en los que es posible advertir la participaci贸n o incidencia de particulares en decisiones p煤blicas.
"En el caso del programa Bosques Ciudadanos y Convenio con Reforestaci贸n Extrema A.C. cuando la compensaci贸n obligatoria no pasa por el erario p煤blico y se canaliza directamente a una A.C. mediante convenio oficial, ese particular co-determina qu茅 acciones cuentan como cumplimiento de la obligaci贸n ambiental y, de facto, incide en la pol铆tica p煤blica de reforestaci贸n urbana鈥, apunt贸.
Serrato Flores explic贸 que con el paso del tiempo la administraci贸n p煤blica ha recurrido cada vez m谩s a la contrataci贸n de servicios profesionales externos para tareas t茅cnicas, jur铆dicas y administrativas. Para el ejercicio fiscal 2025, bajo el concepto 鈥淪ervicios Profesionales, Cient铆ficos y T茅cnicos Integrales鈥, cinco dependencias estatales contemplan m谩s de 110 millones de pesos en presupuesto para contrataci贸n de servicios externos.
鈥淓xisten casos donde personas sin nombramiento formal intervienen de manera sustantiva en el dise帽o, preparaci贸n o ejecuci贸n de decisiones p煤blicas. Esto genera una paradoja: pueden influir en la voluntad del Estado, pero no est谩n sujetos al mismo r茅gimen de responsabilidades鈥, explic贸.
Serrato detall贸 que se aplicar铆an sanciones cuando se ejerza influencia determinante sobre servidores p煤blicos, se emitan dict谩menes falsos, incompletos o sesgados utilizados como base de decisiones oficiales, se ofrezcan o reciban beneficios para influir en decisiones administrativas.
