EFE
Ciudad de México, 28 Feb.- El fiscal General de México, Alejandro Gertz Manero, aseguró este viernes que los 29 narcotraficantes trasladados el jueves a Estados Unidos fueron entregados y no extraditados, pues la operación se hizo de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional que tiene más de 20 años tras una solicitud del Gobierno de los Estados Unidos.
“Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta”, refirió el funcionario durante una conferencia de prensa.
El jueves, México entregó a los capos que eran requeridos en Estados Unidos por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, entre los que se encontraban Rafael Caro Quintero capo del Cartel de Guadalajara, así como dos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.
El fiscal general detalló que la entrega de los 29 narcotraficantes mexicanos al Gobierno del presidente Donald Trump se basó en el artículo 5 de Ley de Seguridad Nacional y el Artículo 89 de la Constitución.
“Ese fue el fundamento del traslado”, refirió.
Cuestionado sobre la posibilidad de que algunos de estos reos pudieran enfrentar la pena de muerte, pidió no especular y aseveró que las sentencias son impuestas únicamente por los jueces.
El fiscal comentaba así el señalamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos en un documento oficial de que evaluarán si los cargos por los que son requeridos, en al menos seis de los detenidos, podrían conllevar la pena de muerte.
“Nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana que no tiene esa sanción debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”, zanjó.
RIESGO DE SER LIBERADOS
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que los 29 reos eran requeridos en Estados Unidos por delitos de alto impacto como delincuencia organizada, trasiego de drogas, homicidio, lavado de dinero, tráfico de armas y secuestro, entre otros.
“Estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país. Delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen”, abundó.
Asimismo, dijo que algunos de los capos eran requeridos desde hace 40 años y aseguró que contaban con información sobre el riesgo de que algunos fueran liberados o que sus procesos de extradición fueran retrasados.
“Con estos elementos y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos”, enfatizó.
Finalmente, dijo que este fue un acto de autoridad "sin precedentes", resultado de la política cero impunidad y de la coordinación absoluta del gabinete de seguridad.
La entrega de Caro Quintero, el capo más buscado, y de los otros 28 narcotraficantes mexicanos, llega en medio de las presiones del Gobierno de Trump, de imponer aranceles a México con el argumento de que no hace lo suficiente en la lucha contra el tráfico de droga hacia Estados Unidos.
El tráfico de fentanilo, de migrantes y los temas de seguridad son los problemas no resueltos con los que el presidente Trump presionó a México y Canadá para mostrar medidas concretas en un mes; de lo contrario, impondría a ambos países aranceles del 25 % a los productos mexicanos, los cuales entrarán en vigencia el 4 de marzo.
JUECES MEXICANOS NIEGAN QUE CAPOS EXTRADITADOS TUVIERAN ACUERDOS PARA SER LIBERADOS
La ministra presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña, rechazó este viernes que jueces tuvieran acuerdos con algunos de los 29 capos de la droga extraditados el jueves a Estados Unidos para ser liberados, como señaló antes el jefe de seguridad mexicano, Omar García Harfuch.
En un comunicado oficial, la también presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México reafirmó su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho y animó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a actuar mediante vías legales de existir irregularidades en el actuar de jueces.
Su postura ocurre luego de que García Harfuch admitiera en una conferencia de prensa que los 29 narcotraficantes mexicanos fueron extraditados por el riesgo de ser liberados por jueces o que sus procesos de extradición fueran retardados.
“El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”, mencionó García Harfuch.
Ante estas afirmaciones, la CJF negó cualquier insinuación sobre el proceder de los jueces y reiteró su disposición a que, en caso de existir pruebas sobre presuntas irregularidades, se proceda conforme a derecho sin excepciones.
“En tales condiciones, en un Estado de Derecho lo conducente es acudir a las instancias correspondientes”, insistió.
El tema del traslado de personas solicitadas por el Gobierno de Estados Unidos ha sido un punto clave en la cooperación bilateral en materia de seguridad; aunque se han documentado casos en los que extradiciones han sido detenidas o revertidas mediante resoluciones judiciales, generando confrontaciones por la solidez de los casos por las autoridades ministeriales.
Esta diferencia ocurre en medio de la implementación de la reforma judicial que pretende, el 1 de junio próximo, elegir por voto popular a la mitad de los jueces y magistrados del Poder Judicial mexicano, así como a los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte, entre otros órganos, lo que también ha avivado la discusión sobre la independencia judicial en el país.
