EFE
Ciudad de M茅xico, 28 Ene.- La Organizaci贸n No Gubernamental (ONG) Elementa DDHH advirti贸 este martes del creciente reto en la ciudad fronteriza de Tijuana que encaran las autoridades para proteger la salud mental de los migrantes ante las deportaciones masivas, y evitar as铆 que terminen en una situaci贸n de calle y en el consumo problem谩tico de sustancias.
Renata Demichelis 脕vila, directora en M茅xico de la organizaci贸n, explic贸 en un encuentro con medios de comunicaci贸n que esta medida va m谩s all谩 de los programas de protecci贸n que se instrumentaron para los migrantes que sean deportados de Estados Unidos, y su raz贸n deriva en la crisis de opioides que se vive en esta zona fronteriza.
En este sentido, destac贸 que, seg煤n estudios realizados por el Instituto Nacional de Psiquiatr铆a y la ex Comisi贸n Nacional contra las Adicciones (Conadic), las principales caracter铆sticas de las personas usuarias de sustancias en Tijuana 鈥渟on hombres, la mayor铆a migrantes que hab铆an intentado cruzar la frontera o que fueron deportados de Estados Unidos鈥.
Por lo cual, remarc贸 la necesidad y urgencia de que las autoridades 鈥渓leven a cabo una pol铆tica real de salud mental鈥, ya que es un tema que en Baja California, y en particular Tijuana, las autoridades del gobierno estatal lo tienen bien identificado y documentado.
鈥淣o es algo nuevo, el mismo gobierno del estado tiene ya documentado el c贸mo el fen贸meno de la migraci贸n, particularmente el de la deportaci贸n, impacta de manera sustancial en el consumo de sustancias, por lo que ya deber铆an tener respuestas a esa situaci贸n鈥, expuso.
Todo ello, agreg贸, 鈥渃omo consecuencia de la frustraci贸n, la depresi贸n y la ca铆da del estado de 谩nimo tras haber sido repatriados contra su voluntad鈥.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, asegur贸 este lunes que M茅xico recibi贸 a 4.094 personas deportadas de Estados Unidos en la primera semana del Gobierno de Donald Trump,
En el pa铆s preocupan las deportaciones masivas prometidas por Trump porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.
Por su parte, Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa, destac贸 que las organizaciones de la sociedad civil como PrevenCasa, en Tijuana, y Verter, en Mexicali, han asumido esos roles de atenci贸n a la problem谩tica de opioides en general, pero 鈥渘o se dan abasto para atender a toda la poblaci贸n鈥.
鈥淓l gobierno debe asumir que, si no se prepara una pol铆tica p煤blica que entienda la probabilidad de que todas las personas que vayan a regresar forzadamente, que vendr谩n en contra de su voluntad, puedan terminar en una de estas situaciones, van a contribuir a la crisis de consumo de sustancias problem谩ticas que ya existe en el estado鈥, resalt贸.
Reiter贸 que no solo se trata de brindarles las condiciones b谩sicas a estas a las personas, sino entender tambi茅n la prioridad de la salud mental porque, ante la vulnerabilidad a la que muchas se van a enfrentar, resultar谩n presas f谩ciles para el crimen organizado que utiliza a las personas en situaci贸n de calle o que los recluta tambi茅n contra su voluntad.
鈥淗ay un tema de seguridad, pero hacia la persona migrante, entendemos la parte de la seguridad general, pero c贸mo realmente les van a abrir las puertas a las personas. Creo que una tarjeta de dos mil pesos no es la soluci贸n, sino que se necesitan pol铆ticas p煤blicas claras sustentadas en estos contextos鈥, sentenci贸.
