EFE
Washington, 29 Jun.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechaz贸 este lunes ocuparse de la demanda de cuatro grupos defensores del medioambiente contra las atribuciones del Gobierno del presidente Donald Trump para construir un muro a lo largo de la frontera con M茅xico con el prop贸sito de contener la migraci贸n ilegal.
Desde su campa帽a en las elecciones de 2016 y su gesti贸n en la Casa Blanca, Trump ha insistido en la construcci贸n de una muralla a lo largo de los 3.200 kil贸metros de la frontera de EE.UU. con M茅xico y hasta ahora su Gobierno ha completado obras en unos 320 kil贸metros.
El Centro para la Diversidad Biol贸gica, el fondo de Defensa Legal de los Animales, los Defensores de la Vida Silvestre y el Centro Ambiental del Suroeste alegan que las obras perjudicar铆an los h谩bitat de vida silvestre poniendo en peligro especies como el puma, el lobo gris mexicano y los vacunos.
Trump tambi茅n prometi贸 que M茅xico pagar铆a por la construcci贸n del muro y, en ausencia de esa contribuci贸n, el mandatario ha recurrido a fondos ya asignados por el Congreso para obras militares.
El Tribunal Supremo autoriz贸 el a帽o pasado al Gobierno para que usara esos fondos del Pent谩gono en el reemplazo de barreras a lo largo de la frontera en Arizona, Nuevo M茅xico y California.
Por su parte, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco (California), dictamin贸 la semana pasada que el desv铆o de 2.500 millones de d贸lares de fondos asignados al Pent谩gono viol贸 la Constituci贸n y es ilegal.
Esta decisi贸n respondi贸 a las demandas iniciadas por California y a la cual se sumaron varios estados.
El caso se remonta a junio de 2019, cuando un juez federal de Oakland (California) bloque贸 por primera vez esta partida presupuestaria para la construcci贸n del muro, una decisi贸n que la Administraci贸n Trump recurri贸 y pidi贸 amparo al Supremo para poder seguir usando ese dinero mientras se decid铆a el caso judicialmente.
Un mes despu茅s, en julio, y en una ajustada decisi贸n por cinco votos a cuatro, el m谩ximo tribunal de EE.UU. accedi贸 a la petici贸n del Gobierno y dio el visto bueno temporal a que utilizaran los 2.500 millones, pero no entr贸 a valorar la legalidad de la desviaci贸n del dinero asignado al Pent谩gono.
Con la decisi贸n de este viernes por parte del tribunal de apelaciones del Noveno Circuito -la instancia judicial inmediatamente inferior al Supremo-, por tanto, se cierra la trayectoria de la demanda en los circuitos inferiores y el caso se trasladar谩 con toda probabilidad de nuevo al Supremo, que esta vez s铆 deber谩 pronunciarse sobre el fondo de la cuesti贸n.
