EFE
Washington, 16 Abr.- Los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostraron este martes divididos acerca de la aplicaci贸n a un participante en el asalto al Congreso en 2021 de una ley cuya interpretaci贸n podr铆a afectar a uno de los juicios que asedian al ex presidente Donald Trump.
En la audiencia de argumentos, los jueces m谩s progresistas, en minor铆a, apoyaron la posici贸n del Departamento de Justicia seg煤n la cual el acusado, Jospeh Fischer, estuvo involucrado en un intento por interrumpir la formalizaci贸n de la victoria electoral del candidato dem贸crata Joe Biden.
Fischer, un expolic铆a de Pensilvania, es uno de los m谩s de 300 individuos acusados por el Gobierno por la obstrucci贸n del proceso oficial, junto con otros delitos, cuando una multitud irrumpi贸 violentamente en el Capitolio e interrumpi贸, temporalmente, la certificaci贸n del escrutinio de los comicios de noviembre de 2020.
Los magistrados m谩s conservadores expresaron dudas acerca de si para este caso se puede recurrir a una ley de 2002 que penaliza la destrucci贸n o adulteraci贸n de evidencias y la obstrucci贸n de procedimientos oficiales.
El Departamento de Justicia, que alega que la presencia no autorizada de Fischer dentro del edificio del Capitolio impidi贸 la certificaci贸n del resultado electoral, ha obtenido condenas o admisiones de culpa para m谩s de 150 participantes de la asonada.
El procurador especial Jack Smith, quien lleva a cabo la investigaci贸n de la responsabilidad de Trump en la asonada, ha incluido la obstrucci贸n de un procedimiento oficial tambi茅n entre los cuatro cargos que pesan sobre el ahora virtual candidato presidencial republicano Donald Trump.
Fischer alega que la interpretaci贸n que el gobierno hace de la ley es demasiado amplia y sin precedentes, y sostiene que la cl谩usula acerca de la obstrucci贸n de un tr谩mite oficial debe aplicarse s贸lo a la destrucci贸n o adulteraci贸n de pruebas en casos de delitos financieros a los que se refer铆a originalmente la ley.
Esa legislaci贸n, conocida como Ley Sarbanes-Oxley y promulgada en 2002, fue la respuesta al esc谩ndalo financiero y contable de la empresa de energ铆a Enron cuyos ejecutivos fueron acusados de fraude. La firma termin贸 en la bancarrota.
Hasta ahora 14 de los 15 jueces federales en el Distrito de Columbia que han ponderado casos que involucran a participantes en el asalto, acusados por obstrucci贸n de un tr谩mite oficial, han permitido la aplicaci贸n de esa legislaci贸n.
La fiscal铆a ha indicado que antes del ataque al Capitolio, Fischer hab铆a enviado mensajes digitales en los cuales dijo a sus conocidos que los miembros del Congreso "no pueden votar si no respiran", y que quiz谩 necesitar铆a que su jefe de polic铆a "pagara la fianza porque puede haber violencia".
Asimismo la Fiscal铆a sostiene que Fischer incit贸 a otros asaltantes para que "cargaran y sostuvieran la l铆nea", y que fue parte de la muchedumbre que empuj贸 a la polic铆a del Capitolio.
Fischer alega que 茅l lleg贸 al Capitolio despu茅s de que la sesi贸n conjunta del Congreso, que deb铆a certificar el escrutinio electoral, hab铆a ido en receso, y que estuvo adentro del edificio s贸lo por unos minutos.E
