MOBILNEWS.MX / Gustavo Hernández
Monterrey, N.L., 29 Mar.- En un entorno empresarial globalizado y cada vez más regulado, las empresas se enfrentan a desafíos complejos en cuanto a la responsabilidad penal.
Gerardo Montemayor de la Garza, socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Monterrey y del Bufete Castro Pizaña, subrayó la importancia de comprender y prevenir los riesgos asociados con la responsabilidad penal de las personas morales durante una reciente charla sobre este tema.
En un evento organizado por el IMEF Monterrey, Montemayor, quien también se desempeña como abogado en el área de litigios en su bufete y es miembro del Colegio de Abogados, destacó que, en la actualidad, el cumplimiento de la normativa en todas las áreas de la empresa es esencial, especialmente en el ámbito penal, una materia que, a pesar de su relevancia, ha quedado algo rezagada en muchos sectores empresariales.
En este sentido, el experto hizo hincapié en la necesidad de adaptar una cultura empresarial que permita mitigar los riesgos inherentes a las posibles implicaciones penales.
Refirió que la responsabilidad penal de las personas morales tiene sus raíces en la adaptación de las normativas internacionales a la realidad moderna.
Montemayor recordó que uno de los puntos de partida clave fue la Convención de la OCDE para combatir el soborno. Este instrumento internacional impulsó la implementación de regulaciones que responsabilizan a las empresas por las conductas delictivas cometidas en su nombre, impulsando un cambio cultural que busca erradicar prácticas corruptas a nivel global.
“El mundo ha evolucionado, y también lo ha hecho la forma en que las empresas se exponen a riesgos legales”, indicó Montemayor. “El objetivo es evitar que estas conductas se repitan, ya que la penalización no solo afecta a los individuos, sino a las mismas empresas, poniendo en riesgo su viabilidad”.
RESPONSABILIDAD PENAL EN MÉXICO: UN RETO EN EXPANSIÓN
En México, la responsabilidad penal de las personas morales ha comenzado a tomar mayor relevancia, especialmente después de las reformas al Código Penal Federal y a las legislaciones locales.
Desde la implementación del nuevo sistema de justicia penal hace 14 años, las empresas deben ser más diligentes y proactivas para evitar caer en prácticas delictivas, ya que pueden ser responsables por los actos de sus administradores, representantes legales, socios o incluso empleados.
Montemayor subrayó que uno de los aspectos más preocupantes es la posibilidad de que una empresa sea disuelta si se demuestra que un delito ha sido cometido con los medios de la organización.
En Nuevo León, por ejemplo, una reforma reciente al Código Penal Estatal establece que las empresas pueden ser liquidadas si se demuestra que están involucradas en actividades ilícitas, un castigo que Montemayor calificó como “la pena de muerte” para una persona moral.
Ante estos riesgos, Montemayor sugirió que las empresas deben establecer programas de cumplimiento robustos que no solo respondan a las leyes nacionales, sino que también se alineen con las mejores prácticas internacionales.
Esto incluye revisar las legislaciones locales en los estados donde operan, dado que algunos, como la Ciudad de México, Coahuila o Durango, ya cuentan con normativas que imponen sanciones penales a las empresas.
El abogado destacó algunos de los delitos federales más relevantes que pueden implicar la responsabilidad penal de las empresas, tales como el financiamiento del terrorismo, corrupción de menores, cohecho, fraude y tráfico de influencias.
“Es vital realizar una debida diligencia con los clientes, socios y empleados para evitar que la empresa se vea involucrada en actividades ilícitas, lo cual puede tener consecuencias devastadoras”, afirmó.
El mensaje de Montemayor es claro: las empresas deben adaptarse a las nuevas normativas y entender que la responsabilidad penal es una realidad con la que deben convivir. Si bien algunos sectores ya han comenzado a implementar políticas preventivas, aún queda un largo camino por recorrer en México.
En un contexto donde la globalización de los negocios y las nuevas tecnologías avanzan rápidamente, la prevención de delitos y la cultura del cumplimiento se convierten en herramientas esenciales para proteger la integridad jurídica y reputacional de las empresas.
En un país donde las reformas están en constante evolución, las empresas mexicanas deben estar preparadas para adaptarse, no solo a las exigencias nacionales, sino también a los estándares internacionales, con el fin de mitigar los riesgos y evitar consecuencias penales que podrían amenazar su existencia misma.
