Como todo derecho, la libertad de expresión tiene alcances, pero sobre todo límites. El ejercicio del servicio público implica una serie de limitantes a este concepto, claramente establecidos desde la Constitución hasta diversas leyes y reglamentos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que el Instituto Nacional Electoral (INE) atentaría en contra de su libertad en caso de que le sean aplicadas medidas cautelares por las reiteradas críticas y descalificaciones que el titular del Ejecutivo ha emitido desde su conferencia de prensa matutina en torno a la alianza que pretender establecer PAN, PRI y PRD.
Sin embargo, tanto las autoridades electorales como la jurisprudencia en la materia han sido muy claras. “Los servidores públicos deberán abstenerse en el ejercicio de sus funciones, de realizar acciones o expresiones que impliquen apoyo o promoción de terceros aspirantes”, especificó el INE en 2017 en una serie de lineamientos para garantizar el principio de equidad.
Libertad sí, pero con los límites que la ley establece. Ser servidor público -municipal, estatal o federal-, desde el nivel más modesto hasta el encargo más elevado, implica la obligación de mantenerse al margen de cualquier expresión o acción que contravenga la imparcialidad y equidad que deben prevalecer en tiempos electorales.
Por estrategia y fiel a su forma de hacer política, el hoy presidente de la República ha decidido confrontar abiertamente a los que considera sus adversarios, entre ellos los tres partidos que han decidido, en pleno derecho de sus facultades, aliarse de cara a las elecciones de junio de 2021.
En una muy complicada situación se encuentran los consejeros del INE frente a un mandatario todo poderoso que en muy pocos escenarios acepta la crítica y la aplicación de la ley cuando ésta lo contraviene. ¿Hasta dónde los encargados de velar por la equidad de las elecciones permitirán que, desde el ejercicio del poder, los servidores públicos, en este caso el titular del Ejecutivo, emitan calificativos en torno a los partidos que participan en la contienda?
De la firmeza del INE dependerá la certeza del proceso del próximo año, el más grande en número de cargos de elección popular de toda la historia de nuestro país. Se vienen tiempos complejos para la salud democrática de México y quienes la han defendido lo saben.
Aplicar la ley o dejar pasar, tal es el dilema que enfrentan quienes están obligados a defender los principios que rigen las contiendas y que tanto esfuerzo ha costado construir.
SEGUNDO TERCIO. Francisco Guerrero, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos y experto mexicano en la materia, señala en un estudio intitulado El principio de imparcialidad de los servidores públicos durante el proceso electoral federal que “existe una influencia de la persona sobre los electores sólo por el cargo que ostenta, y al ejercerla de forma contraria a un partido político, desde luego afecta la libertad de sufragio”.
TERCER TERCIO. “Los titulares de los poderes ejecutivos tienen restricciones a su libertad de expresión y una de ellas se refiere precisamente a no realizar expresiones públicas, en el ejercicio de su encargo, a favor o en contra de un partido político, precandidato o candidato”, concluye Guerrero en su análisis publicado por la UNAM.
En una muy complicada situación se encuentran los consejeros del INE frente a un mandatario todo poderoso que en muy pocos escenarios acepta la crítica y la aplicación de la ley cuando ésta lo contraviene.
09/12/2020
