El saldo rojo de las campañas

Abel Murrieta era candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora. Fue asesinado a tiros, en pleno día, cuando hacía proselitismo en las calles de Ciudad Obregón.
 
Sudykey Rodríguez, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Valle de Bravo, Estado de México, fue secuestrada por el crimen organizado e intimidada para que se retirara de la contienda.
 
Ivonne Gallegos, aspirante de la misma coalición a la presidencia de Ocotlán, Oaxaca, fue ultimada cuando circulaba por las calles de esa localidad.
 
Flor de María Ballina, candidata suplente del partido Redes Sociales Progresistas en Isla Mujeres, Quintana Roo, fue asesinada a balazos en un bar de ese lugar.
 
El abanderado del Partido Verde a la alcaldía de Puerto Morelos, en ese mismo estado, Ignacio Sánchez, fue encontrado muerto a balazos.
 
Juan Antonio Acosta, candidato del PAN al municipio de Juventino Rosas, Guanajuato, fue asesinado cuando hacía ejercicio en esa ciudad.
 
Pedro Gutiérrez, candidato de Morena al municipio de Chilón, Chiapas, fue asesinado y quemado al interior de su vehículo por un grupo armado. Su hijo murió de la misma forma en ese ataque.
 
Antonio Hernández Godínez, precandidato del PRD a la presidencia municipal de Chilapa, fue ejecutado en un negocio de su propiedad.
 
Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la alcaldía de Úrsulo Galván, Veracruz, fue ultimado a tiros en la población de Puente Nacional.
 
Yuriel Armando González Lara, precandidato del PRI a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fue asesinado presuntamente por integrantes de grupos delictivos.
 
Antier, Juan Salvador Camacho Velasco, candidato de Morena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue secuestrado y le fue colocada una soga en el cuello, a punto de ser linchado públicamente, por habitantes de ese municipio, quienes lo extorsionaron con 300 mil pesos.
 
Esta triste enumeración podría seguir, pero por motivos de espacio es imposible concluirla. Lo anterior ha ocurrido durante el presente proceso electoral, entre 2020 y 2021, y es solo una muy reducida reseña de una larga lista de casos de candidatos que han sido víctimas de actos violentos.
 
El denominador común es el creciente peso que ha adquirido el crimen organizado en distintas regiones del país y que busca ejercer influencia en las autoridades surgidas de las urnas, en particular a nivel municipal.
 
Este fenómeno que afecta a todos los partidos y las entidades no es más que el resultado de la ausencia del Estado y su incapacidad de ejercer la ley en las zonas en las que ha trasminado el poder de los grupos delictivos. Estos últimos chantajean, manipulan, imponen y asesinan candidatos en su búsqueda de manejar territorios para la operación de sus actividades ilícitas.
 
La crisis que proviene de, al menos, dos décadas atrás, está apunto de salirse de control.
 
SEGUNDO TERCIO. La consultora Etellekt se ha convertido en referencia en esta materia. Su más reciente estudio indica que, entre septiembre de 2020 y abril de 2021, se han registrado 476 agresiones contra políticos, de los cuales 79 han sido asesinatos.
 
TERCER TERCIO. El proceso electoral aún no termina y, como se perciben las cosas en el campo de acción, las condiciones están dadas para que esta cifra se vea incrementada.