EFE
Washington, 1 Jul.- Un juez federal estadounidese dictaminó que la polÃtica del Gobierno del presidente Donald Trump bajo la cual quienes piden asilo han de esperar la respuesta en un tercer paÃs viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad y los procedimientos para cambios en las reglas.
Bajo esa polÃtica, desde el año pasado, el Gobierno estadounidense ha enviado a México y a Centroamérica a decenas de miles de personas que habÃan llegado a la frontera solicitando asilo.
"El intento por escapar de las amenazas y traumas habitualmente lleva a los migrantes a travesÃas peligrosas cruzando varias fronteras antes de que encuentren oportunidades de protección", dijo en una declaración Sharon Stanley Rea, directora del Ministerio para Refugiados y Migrantes de la Iglesia Cristiana DiscÃpulos de Cristo.
"La decisión del juez Kelly confirma que ningún Gobierno puede impedir que los más vulnerables busquen protección aquÃ", aseguró la activista, y añadió que "lo más importante es que su fallo confirma que el Gobierno tampoco puede impedir que las comunidades de fe y conciencia presenten sus opiniones sobre tales reglas".
El juez de Washington DC Timothy Kelly, designado para la magistratura federal por Trump en 2017, dictaminó que la ley permite que toda persona que entre a Estados Unidos y pida asilo tenga una audiencia para alegar los motivos por los cuales huye de su paÃs natal.
Kelly, en un fallo de 52 páginas divulgado la noche del martes, añadió que el Gobierno, al imponer la regla de "tercer paÃs", no cumplió con la ley de procedimientos que requiere que se dé a la ciudadanÃa tiempo y oportunidades suficientes para presentar sus opiniones sobre las modificaciones a las reglas federales.
Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, escribió Kelly, "se sustentaron en un sólo artÃculo de prensa que ni siquiera enfoca directamente el criterio clave en cuestión: la probabilidad de un incremento grande y rápido en el número de personas buscando asilo".
El fallo puede tener poco impacto sobre la situación en la frontera, ya que desde hace meses está de hecho cerrada a la inmigración y el asilo debido a las medidas preventivas para contener la propagación de la pandemia de COVID-19.
De todos modos, el dictamen es otro revés para las polÃticas de Trump sobre inmigrantes, pocos dÃas después de que el Tribunal Supremo decidiera que el Gobierno no explicó las razones que tuvo el presidente, en 2017, para dar por terminado un programa que protege de la deportación a unas 700.000 personas traÃdas ilegalmente al paÃs cuando eran menores de edad.