Proponer una amnistía a delitos menores, sobre todo en el área del narcomenudeo o consumo de drogas (además de otros delitos), aliviando de paso la sobrepoblación en las cárceles, parece el caso de una buena intención lanzada en un momento inoportuno.
El “timing” de la iniciativa preferente de Ley de Amnistía, enviada por el Presidente López Obrador al Congreso de la Unión el 15 de septiembre, sorprende por lo mal calculado; nos hace cuestionar si no estará perdiendo su olfato político.
Justo ahora que la violencia, medida en los índices y por la percepción ciudadana, está en sus niveles más altos de los últimos años, y cuando entre los mexicanos permea esa sensación de que, aun con el cambio a un nuevo gobierno, la situación sigue estando fuera del control de las autoridades.
Justo ahora que el tráfico de drogas, de personas y de armas mantienen niveles muy intensos de actividad, se propone amnistiar a narcomenudistas; ¿cómo cree López Obrador que lo tomará la gente, especialmente la agraviada por la ola delictiva?
A la vista de soldados mexicanos humillados en público por pobladores que defienden intereses ilícitos como el robo de combustible (“huachicoleo”), a las bandas de delincuentes que se mezclan entre las poblaciones, etcétera, se lanza una iniciativa presidencial de perdón a delincuentes considerados como menores.
La propuesta, además, se enfoca a quienes ya purgan sentencias o están en procesos judiciales por delitos estipulados en un Código Penal que sigue criminalizando la posesión de drogas en ciertas cantidades para uso personal.
Al adicto a las drogas se le sigue tratando como delincuente, se le persigue y se le arresta, ¿cómo pretenden las autoridades que no se llenen las cárceles?
El Presidente defiende su iniciativa de ley diciendo que con ella trata “de que salgan más con menos delitos y gente más humilde”.
Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública federal, agrega que la amnistía responde a la realidad de que el sistema legal tiene “serias deficiencias”, y de que contribuirá a la pacificación de México.
Son buenas intenciones, sin duda, pero expresadas en un mal momento. No se tomó la vía de reformar, primero, las normas penales para no criminalizar a los adictos o a personas que fueron forzadas a delinquir. ¿Quién dice que no se volverán a llenar las cárceles mientras no se modifique el Código Penal?
Se prefiere la vía de un perdón presidencial, una solución temporal, un alivio apenas a un problema que no es atacado en sus raíces. Tal vez la Amnistía hace lucir más al Presidente, pero en el mediano plazo se volverá a presentar el mismo problema de sobrepoblación en las prisiones: el lucimiento, en todo caso, será efímero.
Si lo que se busca es proteger a los jóvenes consumidores de drogas que sean acusados de narcomenudeo, como lo expresó Mario Delgado, legislador de Morena, la ruta a seguir era legislar desde el Congreso para modificar el tipo de los delitos, no esperar una solución enviada desde la Presidencia en forma de amnistía.
Por lo pronto, los senadores del PRI anunciaron que no aprobarán la iniciativa presidencial. Los gobernadores agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pidieron la apertura de un debate nacional antes de aprobar cualquier ley de amnistía.
“Hay que revisar muy bien cómo se está mandando esta ley al Congreso”, expresó Francisco Domínguez, presidente de la Conago. “Se tiene que hacer un gran debate nacional y, de aprobarse, ver caso por caso”.
Si un indígena está encerrado por una causa menor o por no poder pagar una fianza, pues está bien la amnistía; pero los “delitos contra la salud podrían ser un problema grave para la población”, concluyó Domínguez.
No viene fácil el debate sobre la Amnistía presidencial y hay otros asuntos urgentes que abordar que reclaman toda la atención presidencial y de los legisladores, como para ponerse a discutir sobre la conveniencia de una amnistía.
Lo dicho: buena intención, mal “timing”.
