Según el senador Napoleón Gómez Urrutia, el proceso que se sigue a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, es una muestra de las políticas implementadas por el presidente para hacer cumplir la ley y actuar contra la corrupción y la impunidad.
Independientemente que se supone el poder ejecutivo no debería tener injerencia ni en la forma en que se integran los expedientes, ya que, se supone también, la fiscalía es independiente, ni en la forma en que se llevan a cabo los juicios, el poder Judicial también es independiente, lo relevante aquí es que, si es cierto lo que dice Gómez Urrutia, estaríamos ante el gobierno de un solo hombre.
Peor aún, estamos ante legisladores, con la camiseta de líderes sindicales, que piden al ejecutivo intervenir una empresa, que precisamente ha rechazado los intentos del legislador en su papel de líder sindical, de hacerse con el contrato colectivo de la misma.
¿Realmente un tipo que quiere dominar el sindicato de una empresa tiene calidad moral, de la que presumen en la 4T, para pedir la intervención de la empresa?
Por otra parte, suponiendo sin conceder, que haya habido corruptelas en la venta que Ancira hizo de una de sus empresas a Pemex, ¿no debería esto ser probado en los tribunales?
Vivimos en un país en que todo mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, o al menos eso dice la ley, aún y con los agregados que hizo Morena en el sentido de dar prisión preventiva a diestro y siniestro, es decir, dejando de lado la presunción de dicha inocencia.
Así es que un líder que se la pasó huyendo varios años y que fue registrado candidato en su ausencia y que llegó al país hasta que estuvo seguro de que no sería detenido, ahora pide que el estado intervenga una empresa so pretexto de preservar los empleos.
Vaya que es una nueva realidad, una realidad que por lo menos puede calificarse de bizarra, en el sentido que ahora se da al término.
