La reciente matanza en un bar en el centro de Coatzacoalcos, Veracruz, en la que 28 personas perdieron la vida, viene a confirmar que la violencia y el número de muertos que de ella derivan es un problema estructural de nuestro país, que únicamente podrá ser atajado con el concurso de todos los actores políticos y sociales.
Dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa de ayer que la crisis de seguridad en aquel estado es heredada.
Nada más cierto que eso, y no únicamente en esa entidad, sino en el plano nacional también. Como ocurre frente a otros problemas, en el de la violencia, México ha sido diagnosticado en distintas ocasiones por organismos nacionales e internacionales.
El incremento de los actos delictivos, en particular de los homicidios, que en este primer semestre ascendieron a más de 14 mil, de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, resulta, en gran medida, de la sofisticación del crimen organizado.
La ausencia del Estado a lo largo de las últimas décadas en muchas regiones ha sido aprovechada por la delincuencia para diversificar sus actividades ilícitas. Desafortunadamente, los efectos de este fenómeno tienen un impacto directo en todos los estratos de la sociedad y afecta a la mayor parte de los sectores productivos.
México ha sido prolífero en iniciativas para combatir al crimen organizado. Algo ha sucedido en el camino que éstas no han tenido el resultado deseado y las cifras de homicidios se han disparado en los últimos años. Quienes han analizado a raíz a este fenómeno ubican a la falta de consensos entre niveles de Gobierno, fuerzas políticas y actores sociales como uno de los motivos que ha generado las condiciones para que la delincuencia ocupe los espacios que el Estado, en su conjunto, ha dejado vacíos.
La crisis de violencia que vive el país podría ser una oportunidad para el nuevo Gobierno de hacer un llamado a todas las fuerzas del país para que, dejando a un lado las diferencias ideológicas, se sienten las bases para un acuerdo nacional que permita generar el consenso necesario con el objetivo de combatir este flagelo. El enemigo es uno, es común y hace mucho daño, a todos.
SEGUNDO TERCIO. Buena noticia para los trabajadores tras el anuncio del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de reducir el monto de las comisiones que cobran las Afores por el manejo de los fondos de pensión. Esto representa alrededor de 100 mil millones de pesos que pasarán de las arcas de estas administradoras a los bolsillos de los beneficiarios. México tiene la oportunidad de acercarse a los estándares internacionales en materia de comisiones. Si bien aún hay camino por recorrer, éste es un gran paso en ese sentido.
TERCER TERCIO. Inexacto y falto a la verdad lo expuesto en la conferencia mañanera de ayer por un “colega”, Marco Olvera, corresponsal de Radio Latino, sobre un servidor. Las fantasiosas afirmaciones en torno a supuestos intercambios de información con actuales funcionarios de Nacional Financiera no generaron el eco que pretendían, ya que es totalmente falso. De este lado, la crítica siempre será respetuosa y propositiva, apegada a los principios básicos que rigen el periodismo. Es lo que el país necesita: responsabilidad en lo que a cada uno nos toca hacer y disposición a ayudar en lo que se necesite, más allá de cualquier diferencia.
